El parlamento francés ha aprobado esta semana la Ley de la Alimentación, que es una de las medidas estrella del gobierno de Macron. La ley era muy esperada por el sector agrario pero el texto finalmente aprobado está dejando un sabor agridulce.
Una de las principales novedades de la ley es que el precio al que los agricultores y ganaderos venderán sus productos se calculará en base a sus costes de producción. Hasta aquí todo bien por parte del sector agrario.
El problema es que serán las interprofesionales las encargadas de terminar los costes. Este es uno de los motivos de queja de la organización agraria francesa FNSEA, que pedía que fuera el Observatorio de Precios y Márgenes el que definiera los indicadores de referencia, ya que así se trataría de un organismo neutral e independiente. Temen que las industrias o la distribución que participan en las interprofesionales puedan dificultar o manipular la determinación de los mismos.