“Piénsalo antes de poner aerosol”. Dinamarca lanzó en 2015 una campaña con este lema para concienciar a los ciudadanos de que los insecticidas en sus jardines debían ser la última opción posible. A gran escala, especialmente para cultivos alimentarios, sortear estos productos resulta más complejo, pero el país escandinavo también lo intenta, por ejemplo con gravámenes fiscales a los pesticidas más agresivos. La Comisión Europea cita el caso danés como ejemplo de buenas prácticas en este terreno. Pero no todos los países europeos tienen el mismo clima —ni la misma concienciación— respecto unos productos cuya utilización ha trascendido el ámbito científico para convertirse en debate público.
Ese salto desde las revistas especializadas a la prensa generalista condiciona enormemente la actuación de Bruselas. La controversia sobre el glifosato,
el herbicida más utilizado del mundo, que cobró notoriedad porque un organismo de la Organización Mundial de la Salud lo clasificó en 2015 como probablemente cancerígeno, ha redoblado el interés ciudadano por el proceso de autorización de estos productos. Las instituciones europeas presumen de contar con el sistema de permisos más estricto. La aplicación, como admiten todos los expertos consultados para este reportaje, es un capítulo aparte.
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