La Directiva de Prácticas Comerciales Desleales podría aprobarse antes del abril próximo

El Parlamento Europeo y el Consejo podrían llegar a un acuerdo sobre la propuesta de Directiva de Prácticas Comerciales Desleales en las próximas Navidades

Hay voluntad política de que esta Directiva salga antes de que acabe la actual legislatura del PE, que termina en abril, en su intervención ayer en una jornada sobre el tema, en la Oficina del Parlamento Europeo en España, a la que Agrodigital.com tuvo la oportunidad de asistir. La posición del Parlamento Europeo es más ambiciosa que la de la Comisión, pero Paolo de Castro es consciente, que en las negociaciones que mantengan con el Consejo, habrá cuestiones a las que tendrán que renunciar en aras de conseguir llegar a un acuerdo. Para el eurodiputado italiano será un hito que la UE finalmente consiga tener una normativa contra las prácticas comerciales desleales tras más de una década intentándolo. El próximo 1 de octubre se va a aprobar en la Comisión de Agricultura del PE. En la semana del 22 de octubre se aprobará en el Pleno de PE y ya está acordado con la Presidencia Austriaca que los Trílogos (negociaciones a tres bandas: Presidencia del Consejo, PE y Comisión) se inicien inmediatamente después. Fuente de la noticia

Cooperativas Agro-alimentarias de España considera que la propuesta de la CE es un paso decisivo para luchar contra las prácticas comerciales desleales en al UE

Cooperativas Agro-alimentarias de España aplaude la propuesta de la Comisión Europea, presentada por el comisario Phil Hogan, que propone un marco europeo mínimo para controlar las prácticas comerciales desleales (PCD) a través de órganos públicos independientes con capacidad de sancionar, investigar de oficio y recibir denuncias anónimas.

A partir de ahora los Estados miembros están obligados a aplicar la directiva en su legislación nacional en un plazo máximo de dos años y deberán crear una autoridad de control independiente. El control de las prácticas comerciales desleales implicará una mayor transparencia del mercado comunitario y evitará comportamientos comerciales ya prohibidos que no estaban siendo fiscalizados, como la mora en los pagos de productos frescos en más de 30 días. También impulsará una relaciones comerciales más leales y una mejora en el funcionamiento del mercado, que será más sostenible para operadores y consumidores.

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